Una vez más es el periodismo y no la Justicia quien penetra al poder. Más de doscientos periodistas de distintos países trabajaron sobre una pista de corrupción internacional. Hoy Panama Papers deja en offside a muchos políticos del mundo, incluido el presidente argentino Mauricio Macri.
La semana pasada el Presidente, en reunión muy cerrada, para la cual hizo venir desde Mendoza a Ernesto Sanz para el encuentro con la diputada Elisa Carrió, le espetó a Lilita que las denuncias públicas sobre su Gobierno o allegados a la única que beneficiaban era a la ex presidente Cristina Fernández. Hoy la diputada Carrió, luego del affaire Panama Papers, podría decirle lo mismo. El especialista en estos temas, Dr. Roberto Bulit Goñi, me decía: “La constitución de estas sociedades offshore no es un delito en sí, lo importante es lo que se hace con ellas. Son un instrumento jurídico. Insisto, lo malo no es la sociedad, sino si ofician como sociedades pantalla. Este esquema es muy utilizado, por ejemplo, por familias pudientes para facilitar adelantos de herencia”.
La lógica indica que si los fines buscados en la constitución de esta sociedad por la familia Macri hubiesen sido non sanctos, no la habrían inscrito con nombre y apellido. La diferencia prima facie, y no menor, con las corrupciones que por estos días comienza a juzgar la Justicia es que los Macri no utilizaron jardineros, ni choferes. Entonces, ¿dónde reside el inconveniente en que, como dice el dicho: “La mujer del César no sólo debe serlo sino parecerlo”? Al cierre de este análisis Mauricio Macri no había explicado por qué no figuraba esta sociedad en sus declaraciones juradas, más allá de si debía o no legalmente estar. El Presidente debe explicarlo por una sencilla razón: Cambiemos basó su campaña presidencial en conceptos de transparencia y en representar la antítesis de lo que venía ocurriendo. Para que no se desvanezca la pureza política invocada, si es necesario, debe demostrar hasta el hartazgo sus conductas empresariales. Sin un presidente nítido no hay democracia sólida. La sociedad puede disculpar al Presidente de errores o desaciertos, lo que no está dispuesta es a soportar más mentiras.
El miércoles pasado ocurrieron dos hechos de enorme importancia en el Congreso de la Nación. Por un lado, el Gobierno de Macri obtuvo, con la anuencia de los dos tercios de los senadores, el aval para acordar con los holdouts. Por lo tanto, a partir de ahora Macri no tiene las manos atadas para atraer inversiones ni para endeudarse. Casi en un mismo momento, pero en Diputados, se congregaron junto a todos los bloques de la oposición las cinco centrales sindicales, hecho histórico desde la existencia de estas últimas. Resultado de esta reunión: doscientos proyectos que tienen que ver con las vicisitudes laborales de quienes están en el circuito serán unificados para su tratamiento. Lo notorio tal vez esté —esto muestra lo vertiginoso del efecto del shock de medidas políticas— en que en enero el reclamo cegetista era por el impuesto a las ganancias sobre los salarios, la semana pasada lo fue, en síntesis, por la permanencia de la fuente laboral.
El informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) da cuenta de la incorporación a la pobreza reinante de 1.400.000 argentinos que retrocedieron en su calidad de vida.
Veinte años después, Argentina, a través del movimiento obrero, reclama al Gobierno lo mismo que en 1998: reducción del IVA para fortalecer el mercado interno; estímulos para el desarrollo de nuevas pymes para crear puestos de trabajo; “Compre trabajo argentino”, facilidades para el acceso al microcrédito y estímulo para las empresas que contraten a los jóvenes en su primer trabajo. La Unión Industrial Argentina, por su parte, solicita al ministro de Producción, entre otras herramientas, la aplicación del ajuste por inflación en los estados contables para sincerar los resultados.
A pesar del aumento de la pobreza y de la desocupación, producto de las políticas aplicadas por el nuevo Gobierno, no se ha escuchado aún sobre la implementación de programas de contención social, ni tampoco, como pide la ex ministra de Trabajo Graciela Camaño, que el Ejecutivo decrete ya le emergencia ocupacional. Hasta el día de hoy, el Gobierno de Macri parece tener claro, como dice el Lic. Daniel Arroyo, “qué hacer con el mercado, pero no con lo social. La Argentina pobre y la que está prendida con alfileres no ha recibido políticas de parte del Gobierno”.