En la tedeum del 25 de mayo, el arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, cardenal Mario Poli, fue muy claro sobre lo que la Iglesia cree que es una necesidad: concertar. En su homilía manifestó la importancia de sentarse a una mesa con distintos actores y no levantarse de ella hasta haber modelado, dialogando, las grandes políticas que necesita la realidad social argentina.
Quienes pertenecen a la intimidad política del Presidente señalan que este advierte dos dificultades para su concreción hoy: partidos políticos debilitados, como el peronismo conducido por José Luis Gioja y Daniel Scioli, o poco confiables, como el conducido por Sergio Massa, o atomizados, como el socialismo. Y en segunda instancia, la propia debilidad de su Gobierno. Si de debilidad hablamos, las instituciones están atravesadas por ella. Pero justamente esta receta, la concertación, debe aplicarse para esos momentos. El diálogo siempre fortalece, la concertación no es un ámbito de toma y daca.
Seguramente el Presidente siente que no ha domesticado los problemas centrales del país. Tiene razón, por momentos sus políticas parecerían agitar la ola del tsunami que recibió. Un ejemplo de ello es el déficit fiscal, que, como ya hemos dicho, de un 5,3% pasó a un 8% del PBI. Ni los empresarios amigos ni las inversiones externas responden a las expectativas que el Presidente había depositado en ellos, motivo por el cual debió recurrir a la presentación de un megaproyecto de ley que, al cierre de este análisis, aún no había llegado al Congreso de la Nación para su tratamiento.
Podríamos hablar de una trilogía: tres grandes y definidos temas en un mismo cuerpo, dado que cuesta trabajo encontrar el hilo conductor para su unicidad. A saber: jubilados, provincias y blanqueo. El tema provincia tiene que ver con el pago del 15% de coparticipación prometido. El tema jubilados, caballo de Troya de esta ley, es un doble acierto de Mauricio Macri. Por un lado, realiza una histórica y justa reparación a un sector olvidado. Y, por el otro lado, volcará dinero al mercado interno, lo que ayudará a su reactivación. En el medio de esto aparece el blanqueo, que, al decir del Dr. Roberto Bulit Goñi: “Los blanqueos en esencia son siempre injustos, cuestionables y cuando son sucesivos, actúan sobre la inconducta social. El blanqueo y el lavado de activos van casi siempre de la mano”. Los integrantes del Gobierno saben, porque así lo han manifestado públicamente hace apenas dos años, que todo blanqueo es impresentable. La demora en el ingreso al Congreso de este megaproyecto se debe a la necesidad que tiene Macri de convencer a una socia política muy especial: Elisa Carrió. En un mismo acto tendrá que acordar no sólo esta megaley sobre la que Carrió ya se manifestó en contra, sino además atenuar el tono acusatorio que la diputada viene teniendo hacia el papa Francisco y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
El diputado Luciano Laspina, presidente de la Comisión de Presupuesto, reconoce que los montos comprometidos para los jubilados están disponibles, pero agrega que lo que se obtenga en el blanqueo, sobre el cual insiste en que es plata en negro cuyo origen debe ser lícito, irá a reforzar la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). Sobre las expectativas en cuanto a los posibles montos a recaudar, estima que el piso para Argentina estaría en 15 mil millones de dólares, si bien es difícil estimarlo. Además cree: “Blanquea aquel que mira a largo plazo y confía en el Gobierno”. Advierte que la política de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (entrecruzamiento de datos a partir del 2017) va a ayudar y que en lo personal nota “un interés en aumento de parte de empresarios y bancos”. El diputado Laspina reconoce la creación en el proyecto de una Comisión para el Estudio Previsional, no niega que esta pueda avanzar sobre un cambio en el sistema jubilatorio. Cree que el megaproyecto “será aprobado en general, pero habrá una gran discusión punto por punto”. El economista Aldo Pignanelli no sólo cree que el sistema se autosustenta, sino que además alcanza para cumplir con el 82% móvil. Recuerda: “Hay 100 mil millones de pesos de la Anses subsidiando a empresas a una tasa del 16%”. Sostiene: “El dólar a 14 pesos en junio ya no es competitivo. Habrá que ver si debe ir a 16, 18 o 20 pesos. Creo que el 2016 termina con una inflación del 40 por ciento”.
La soberbia de Jaime Durán Barba —que se parece mucho a lo peor del kirchnerismo— puede asesorar mal al Presidente, si es que este lo sigue escuchando. Las encuestas, aun aquellas que son fidedignas, no siempre reflejan la realidad y mucho más la de una clase media a la cual le cuesta admitir su retroceso económico. Las ponderaciones positivas hacia el Presidente pueden desdibujar la realidad. En el amplio arco de la clase media argentina se observan familias que reducen las habituales salidas a comer en un restaurante, o a cargar nafta la última semana del mes, o soportar largas filas para ser incluidos en la tarifa social de la luz o el gas, o a pedir prestada en el colectivo una tarjeta SUBE para abonar el boleto.
Además se observa cierta incoherencia en casos como el descrito por el gobernador Mario Das Neves, quien comentó que, discutiendo los tarifazos, en un momento los ministros Rogelio Frigerio y Juan José Aranguren se retiraron por veinte minutos y regresaron para comunicar que del 1800% de aumento habían bajado al 400 por ciento. En la planilla Excel del ministro Aranguren algunos de los dos porcentajes no es el correcto. Suena a una decepcionante improvisación.
Alguna vez hemos dicho que al Gobierno del presidente Macri le sobran CEO y le faltan llaves que habiliten a la política.